*Firman convenio Estado y Municipio
CD. LÁZARO CÁRDENAS MICH., 14 DE FEBRERO DEL 2018.- La Administración Municipal y la Procuraduría General de Justicia del estado (PGJEM) firmaron compromisos de Protocolo de Medidas de Protección de la Mujer con el fin de establecer una amplia coordinación entre todas las áreas jurídicas y de gobierno para atender de manera efectiva casos de violencia de género.
En esta firma participaron el alcalde Armando Carrillo Barragán, así como el Coordinador General de Fiscalías Regionales de la PGJEM, Marco Aurelio Nava Cervantes, la titular de la Fiscalía Especializada para Delitos de Violencia Familiar y de Género de la PGJEM, Araceli Palomares Miranda con la presencia del Fiscal Regional.
Previo a la firma de este compromiso se resaltó la importancia de establecer mecanismos de actuación y coordinación entre todas las áreas y funcionarios de la administración pública estatal y municipal con el fin de garantizar una atención efectiva de las mujeres en situación de violencia.
El alcalde Carrillo Barragán reiteró que la administración que preside ha desarrollado múltiples actividades encaminadas a generar conciencia en la sociedad del respeto a los derechos de las mujeres, “pero sobre todo, nos enfocamos a promover la armonía en las familias, en los matrimonios, entre hijos y padres y estamos seguros que hay avances los casos de violencia de género van a la baja”.
Puso de ejemplo la formación de la Red de Mujeres por la Paz, compuesta por mujeres de todos los estratos sociales y que han venido trabajando de la mano con el DIF Municipal, el Instituto Municipal de la Mujer y la Asociación Civil Nacional, “Comunidad Segura”, todos ellos ampliando la participación de las mujeres en colonias y comunidades.
Durante la firma de este Protocolo se agregó que es el resultado del proyecto realizado por la Procuraduría General de Justicia del Estado de Michoacán, con el apoyo de la Comisión Nacional para Prevenir y Sancionar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM), para que intervengan de forma coordinada la Procuraduría del Estado, la secretaría de Seguridad Pública, la Secretaría de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres, la Secretaría de Salud, la Coordinación del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, los 113 Ayuntamientos y en especial los 14 municipios en los que se decretó la Alerta de Violencia de Género.
La importancia de esta firma radica en que las autoridades estarán obligadas a favorecer el otorgamiento de las medidas de protección, salvaguardando los bienes jurídicamente tutelados de las mujeres, con actuaciones específicas, especializadas y de manera coordinada entre las instituciones responsables.
De igual forma, deberán contribuir a lograr que se instrumenten las acciones necesarias desde que se otorga la medida de protección, coadyuvando a su cumplimiento y, en caso de incumplimiento, se priorice la vida, integridad física y seguridad de la mujer.
Establecerán un sistema de control y seguimiento de las medidas de protección a través del Sistema de información de datos y el Banco Estatal de Información, sobre casos de violencia contra las mujeres, que sustente lo referente al registro y tratamiento.
Asimismo, este convenio incluye un apartado especial para actos con carácter “de emergencia” y “preventivos”. Es decir, cuando se trate de una mujer en riesgo de sufrir un acto violento que atente contra su integridad, seguridad, libertad y vida. Así como para impedir actos que generen más violencia en un futuro.
Cabe señalar que el 27 de junio de 2016 y en el marco de la Sesión Extraordinaria del Sistema Estatal para la Atención, Prevención, Sanción y Erradicación de la Violencia en el estado de Michoacán, se firmó la declaratoria de Alerta de Género en los municipios de: Uruapan Pátzcuaro, La Piedad, Apatzingán, Hidalgo, Lázaro Cárdenas, Morelia, Zamora, Maravatío, Zitácuaro, Los Reyes, Tacámbaro, Huetamo y Sahuayo.
La Alerta de Violencia de Género son las acciones de emergencia implementadas por un gobierno para enfrentar y acabar con la violencia feminicida. Contempla desde protocolos de investigación sobre feminicidios hasta programas de prevención y reformas para eliminar la desigualdad en la legislación y política pública que atentan contra los derechos humanos de mujeres y niñas.
